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Entrevista con Monseñor Álvaro Ramazzini, obispo de San Marcos, Guatemala

“Sólo obteniendo el poder político se pueden cambiar las cosas”

Noticias Aliadas

Los 36 años de conflicto armado concluyeron en 1996 con la firma de los Acuerdos de Paz, sin embargo la violencia no ha cesado. La tasa de asesinatos es una de las más elevadas de la región, pero es una violencia que encuentra alimento en la desigualdad: la riqueza está en manos de unas pocas familias, las multinacionales mineras devastan el territorio sin aportar ningún beneficio, el latifundio produce para la exportación esclavizando la mano de obra local, especialmente indígena. En esta situación, muchos intentan emigrar a EEUU, corriendo el riesgo de secuestro, violencia, extorsión o deportación.

Paolo Moiola, colaborador de Noticias Aliadas, conversó con Mons. Álvaro Ramazzini, obispo del occidental departamento de San Marcos, fronterizo con México, sobre las raíces de la violencia y la situación socioeconómica que recibirá quien gane las elecciones presidenciales de setiembre.

¿Cómo describiría la violencia en Guatemala?

Yo diría que es una sociedad muy violenta. Tenemos una tasa de asesinatos muy alta: 16 personas mueren cada día. Es una situación diferente de la que sufrimos durante el conflicto [armado]. Es una violencia vinculada a la presencia del narcotráfico, que ocupa la parte norte del país y también la zona donde yo vivo. Es una violencia vinculada también a los grupos [pandilleros] que llamamos las maras. Muchos de los jóvenes que conforman estas pandillas son resultado de familias desintegradas. No han tenido la experiencia de ser amados y por lo tanto tienen un odio muy profundo hacia la sociedad, una sociedad muy empobrecida. Prueba de este empobrecimiento es el fenómeno de la emigración. Miles de guatemaltecos están tratando de llegar a EEUU a través de México con todos los riesgos que ello conlleva.

Aparte de la cuestión de la violencia, Guatemala es una sociedad altamente polarizada, basada en un modelo económico que no logra superar la desigualdad económica, con una riqueza concentrada en manos de unos pocos. Es una sociedad que no ha tenido la valentía de promover una reforma agraria en el sentido más profundo e integral. Una sociedad con una vergonzosa tasa de malnutrición infantil: de 100 niños de 1 a 5 años de edad, 49 sufren de malnutrición crónica. Entre los pueblos indígenas, esta tasa llega hasta a 59%. El UNICEF ha demostrado que, si no hay una nutrición adecuada durante este periodo de la vida, se produce un daño cerebral permanente. Por lo tanto, para estos niños el futuro es oscuro.

¿Qué puede decir sobre la situación de las mujeres?

Se ha incrementado el número de feminicidios, pero junto a ello debemos hablar del fenómeno de la violencia doméstica. La violencia que sufren las mujeres en sus propias familias a manos de sus esposos es altísima. Y es una violencia que no la sufren sólo ellas sino también los niños. Hemos verificado un número increíble de abusos contra las mujeres. Por esta razón tenemos una pastoral de la mujer a cargo de mujeres. Además, en muchos casos, la condición económica de la mujer depende de la de su marido: recibe lo que el hombre le da. Si hay un problema, el marido no le da nada y la mujer se encuentra en total abandono.

Usted ha hablado de la cuestión migratoria. ¿Cuáles son los riesgos a que se enfrentan los emigrantes cuando salen del país?

En el 2010 hubo más de 10,000 guatemaltecos secuestrados cuando intentaban cruzar el territorio mexicano [según la gubernamental Comisión Nacional de Derechos Humanos]. Hay bandas que cobran rescates de US$5,000, $10,000. Sin hablar de las mujeres violadas.

Un solo dato: el año pasado, en Tamaulipas, México, fueron asesinados 72 migrantes, de los cuales 14 eran de Guatemala y entre ellos tres pertenecían a mi diócesis.

Y luego está el problema de las deportaciones. Sólo en el 2010 fueron deportados 135,000 guatemaltecos de EEUU y México. Incluso en términos económicos esto es devastador, considerando que las remesas desde el extranjero son la segunda entrada de Guatemala. En EEUU hay alrededor de un millón de guatemaltecos: imagínese lo que pasaría si todos ellos fueran repatriados.

En Guatemala, los presidentes parecen todos iguales. Incluso los dos últimos, Óscar Berger (2004-2008) y el actual Álvaro Colom (que concluye su mandato en enero del 2012), no han actuado de manera diferente. ¿Es así?

Sus gobiernos han seguido una política liberal. Esto significa privilegiar las inversiones extranjeras, favoreciendo la presencia de las empresas transnacionales. Tomemos la multinacional canadiense aurífera Goldcorp, una de las más grandes del mundo, que opera aquí en el territorio de San Marcos. Paga solamente 1% de regalías. Mientras tanto, en la onza de oro, en sólo tres años, ha llegado a $1,500 actualmente. Sigue dando 1%, usando toda el agua que quiere con el riesgo perenne de contaminación. En resumen, los beneficios para Guatemala son inexistentes. Y todavía hoy se firman acuerdos para la extracción de petróleo.

Sin embargo, aparte de la cuestión de las multinacionales, todas las políticas gubernamentales favorecen la concentración de la riqueza en pocas manos. Estudios recientes dicen que en Guatemala 56 familias detentan todas las riquezas.

A propósito de la concentración, incluso las tierras están en manos de poquísimos propietarios. ¿El azote del latifundio sigue siendo un problema sin resolver?

¡Absolutamente sí! El problema del latifundio sigue presente hoy, en el 2011. Además hay un sistema —lo veo personalmente en mi zona— casi feudal para los trabajadores, que no tienen derecho a la asistencia social, vacaciones ni jubilación. Ni siquiera son dueños del pedazo de tierra donde viven dentro de la finca. En cualquier momento pueden ser expulsados y quedarse en la calle. Así, en Guatemala, continúa vigente el sistema terrateniente y ahora con una característica más: se está utilizando mucha tierra para el cultivo de palma africana para producir biocombustibles. Es algo inaudito e incomprensible que, en un país donde los niños no reciben suficiente comida, se utilice la tierra para el cultivo de palma africana o caña de azúcar ¡para producir biocombustibles! Una vez más se demuestra que tenemos gobiernos débiles o incapaces de enfrentar el poder económico de los grandes terratenientes.

Estando así las cosas, en mi región, los campesinos han comenzado a cultivar la amapola para heroína. Dicen que se trata de la única manera de sobrevivir para ellos y sus familias.

¿Qué hacer para escapar de una situación que parece perpetuarse sin solución de continuidad?

Muchos de nosotros en la Pastoral Social nos hacemos esta pregunta. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Hemos llegado a la conclusión de que sólo obteniendo el poder político se pueden cambiar las cosas. Ciertamente no deseamos volver a los sufrimientos que significó el conflicto armado. Hemos sufrido tanto que no queremos repetir la experiencia.

Por cierto, una cosa interesante. Recientemente se realizó una encuesta entre los jóvenes. La pregunta fue: ¿Estarían de acuerdo si hubiese un golpe de Estado? La respuesta fue sí, estamos de acuerdo con el golpe de Estado.

La cosa no me sorprende. Ahora tenemos un Congreso de la República que es un desastre. Tenemos un gobierno que no escucha el clamor de la población. Por ejemplo, sobre el tema de la minería, el desarrollo rural y así sucesivamente. Por esta razón, muchos ya no creen en el sistema de partidos políticos.

En este momento estamos debatiendo cómo articular los movimientos sociales de distintos tipos y tendencias. Creyentes o no creyentes, lo importante es que la gente tiene el deseo de una Guatemala distinta, muy diferente de lo que tenemos ahora. Queremos hacer una propuesta pública a los candidatos en las elecciones de setiembre diciéndoles: nos gustaría que Guatemala fuese así y así, que el presidente tenga este perfil, etc. Sin embargo, la idea principal es construir un gran movimiento social que esté presente no en esta sino en las siguientes elecciones. Porque, repito, estamos convencidos de que sólo llegando al poder político se pueden cambiar las cosas.

Fuente: http://www.noticiasaliadas.org/articles.asp?art=6370

DA FONDAZIONE GUIDO PICCINI PER I DIRITTI DELL’UOMO ONLUS
Via Terzago 7 – 25080 Calvagese (BS) - Italia

Un gruppo di Ong del Guatemala ha denunciato alla Commissione Interamericana dei Diritti Umani (CIDH) di Washington che sta aumentando l’aggressione ai difensori dei diritti umani nel paese centroamericano: sono più di 300 i casi solo nel 2010. Secondo Marcela Martino, avvocato del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) “Il governo del Presidente Colon alimenta la percezione che le persone che lottano per i diritti umani siano destabilizzatori che difendono delinquenti”.
Sono oltre 62mila i guatemaltechi assassinati dalla fine della lunga guerra civile cominciata nel 1960 e terminata con gli accordi di pace del 29 dicembre 1996 con un bilancio di oltre 250mila morti. E chi si batte per difendere i diritti umani in Guatemala, paga in prima persona, come Emilia Quan Stackman, sociologa, 33 anni, sequestrata e uccisa nei giorni scorsi a Paquix, nel dipartimento di Huehuetenango: un crimine commesso in un paese in cui, secondo la Corte internazionale contro l’impunità, il 98% degli omicidi non viene investigato.

“La violenza crescente ha diverse origini. Tra queste, anche le politiche portate avanti dai diversi governi” – afferma Nery Rodenas, direttore dell’Ufficio per i diritti umani dell’arcivescovado di Guatemala (Odhag) già guidato da mons. Juan José Gerardi Conedera, assassinato il 26 aprile 1998, due giorni dopo aver diffuso il rapporto sulle atrocità della guerra ‘Guatemala nunca más’ ("Guatemala mai più"). Proprio uno studio recente dell’Odhag ha documentato che negli ultimi anni le vittime della violenza sono costantemente aumentate: durante l’amministrazione del presidente Álvaro Arzú (1996-2000) se ne sono contate 13.582; sotto Alfonso Portillo (2000-2004) 14.000 e col suo successore Oscar Berger 21.511.

“Durante il mandato di Berger sono state effettuate molte azioni repressive e commesse esecuzioni arbitrarie. Per questo tra i governi di Portillo e Berger c’è stato un forte un aumento degli omicidi che sono aumentati anche con l’attuale governo del presidente Alvaro Colom” – aggiunge Rodenas. “E’ sbagliato, tra l’altro, credere – osserva il direttore dell’Odhag – che la violenza sia un’esclusiva delle classi meno abbienti. Certamente esiste molta violenza nei settori emarginati, dove hanno origine le ‘maras’ (o ‘pandillas’, bande criminali giovanili diffuse in tutto il Centroamerica), ma di fatto è una percentuale minore rispetto al crimine organizzato da cui si origina la maggior parte della violenza. Per frenarla – dice ancora Rodenas – bisogna rendere operativo il sistema dell’amministrazione della giustizia”. Il cosiddetto ‘Accordo nazionale per il progresso della sicurezza e della giustizia’, firmato nel 2009 dai responsabili dei tre poteri dello Stato e dal procuratore generale, include ben 101 punti relativi alla riforma dell’amministrazione giudiziaria, “ma secondo un recente rapporto – evidenzia il direttore dell’Odhag – solo il 14% di questi punti sono stati applicati - ricorda .

Conflitti per la terra, omicidi di dirigenti sindacali, minacce di morte e vere e proprie esecuzioni a danno di giornalisti, cooperanti, attivisti per i diritti umani: questa è la spirale di violenza dove le elezioni presidenziali previste per il mese di agosto non lasciano tante speranze in merito ad un cambio della corrotta classe politica guatemalteca.
“Il governo si è del tutto disinteressato della questione agraria” – spiegano all'Observatorio de los Periodistas Cerigua i dirigenti del Comité de Unidad Campesina (Cuc) e del Coordinadora Nacional Indígena y Campesina (Conic), che hanno visto cadere molti loro compagni assassinati dagli squadroni della morte. Nemmeno l'occupazione del Fondo de Tierras (Fontierras) a fine novembre ha smosso di un passo il governo nazionale, limitatosi soltanto ad aprire un tavolo di confronto, arenatosi immediatamente, presso la Secretaría de Asuntos Agrarios. Nel frattempo, la politica fatta di sgomberi violenti nei confronti delle comunità indigene e contadine, unite alle operazioni di limpieza social a livello urbano (soprattutto nella capitale Città del Guatemala) è proseguita come e più di prima.

La Ley de Desarrollo Rural (Legge per lo sviluppo rurale) più volte sollecitata dalle organizzazioni contadine sotto differenti governi, non è stata approvata e difficilmente il governo sembra intenzionato a farlo negli ultimi mesi del suo mandato. Secondo i dati della Coordinación de Ong y Cooperativas (CongCoop) nel solo 2010 sono stati registrati almeno cinquemila conflitti legati alla questione agraria, mentre il Ministero dell'Agricoltura è stato tra quelli su cui il governo ha meno investito, nonostante l'economia indigena e contadina rappresenti una delle maggiori fonti di investimento per il paese. Uno dei leader di CongCoop è stato Renè Muñoz, che ho accompagnato nel 1999 in un viaggio di scambio promosso dall’ONG Capodarco diretta da Padre Franco Monterubbianesi, il cui progetto è sintetizzato nel libro di Patrizia Caiffa “Il Canto muto del Quetzal”- Emi.

La comunità di San Juan Cotzal, nel dipartimento di El Quiché, in Guatemala, ha denunciato lo scorso gennaio in merito ai progetti idroelettrici denominati Palo Viejo 1 e Palo Viejo 2 le responsabilità dell’ENEL: l’impresa è infatti incaricata della costruzione. “Le nostre comunità di San Juan Cotzal sono state danneggiate seriamente dalle politiche definite della “terra bruciata”: questi danni non sono mai stati riparati. Oggi, a 14 anni dalla firma degli accordi di pace, noi popoli indigeni siamo stati nuovamente violentati nei nostri diritti” – scrivono le comunità indigene. “Lo Stato ha agito senza consultare i popoli indigeni, come dovrebbe fare se rispettasse la Convenzione 169 dell’Organizzazione mondiale del lavoro, ratificata dallo Stato del Guatemala e la Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni. Le imprese multinazionali si sono installate nel nostro territorio senza consultarci e senza il nostro permesso. La ditta Enel dopo due anni di presenza nel nostro territorio ha violato i nostri diritti di comunità indigene”.
Malgrado l’impunità, la mobilitazione della società civile e delle forze democratiche va avanti nella ricerca della giustizia. L’Osservatorio sull’America Latina SELVAS continua a documentare la lotta per la difesa dei diritti umani in Guatemala in collegamento con il Parlamento Europeo.

Cristiano Morsolin
(co-fondatore dell’Osservatorio SELVAS, lavora in America Latina dal 2001)

Consejo de Juventudes Maya, Garifuna y Xinca de Guatemala
"Que se llame a todos, que no haya uno ni dos grupos que se queden atrás de los demás. ¡¡¡¡¡QUE TODOS SE LEVANTEN!!!!!"